A pesar de que el precio de la energía se redujo desde su máximo histórico alcanzado en 2022, España es uno de los pocos países de Europa que aún mantiene el impuesto sobre los beneficios extraordinarios con el objetivo de apoyar económicamente a los consumidores finales. En España, el impuesto no abarca únicamente a las empresas de combustibles fósiles o energía, como en la mayoría de los países europeos, sino que se aplica también al sector bancario. Aunque los dos impuestos extraordinarios decaerán a finales de 2024, el gobierno central está considerando hacer permanentes los dos impuestos o, en su defecto, únicamente el impuesto extraordinario a la banca.
Los impuestos sobre beneficios extraordinarios están destinados a gravar las ganancias extraordinarias generadas en circunstancias excepcionales, pero no es éste el caso en España. España quiere hacer permanentes unos impuestos especiales que no gravan los beneficios. Esto podría ser contraproducente perjudicando el crecimiento económico. En cambio, España debería plantearse políticas fiscales neutras que fomenten la inversión necesaria para fomentar el crecimiento económico.
Históricamente, los impuestos extraordinarios han sido diseñados para grabar los beneficios de las petroleras y de las empresas energéticas cuando los precios de la energía y los combustibles aumentaran exponencialmente por una crisis, una guerra, etc… En el caso de España, la contribución excepcional sobre beneficios extraordinarios la introdujo Francisco Franco, en enero de 1939, al final de la Guerra Civil. El impuesto, que oscilaba entre el 30% y el 80%, se aplicaba a cualquier persona física o jurídica, independientemente de su sector de actividad.
Un impuesto a los combustibles fósiles que disuade la inversión en renovables
En el siglo XXI, España volvió a ser uno de los primeros países de Europa en introducir un impuesto sobre beneficios extraordinarios. En 2021, implementó un mecanismo temporal a las instalaciones de producción de energía eléctrica minorando el exceso de retribución originado por los elevados precios de la energía y del gas. Sin embargo, con el tiempo, se aprobaron una serie de exclusiones y muchas empresas energéticas quedaron fuera del alcance de este mecanismo.
En octubre de 2022, para homogeneizar la infinidad de impuestos sobre beneficios extraordinarios que los países europeos implementaron, el Consejo de la Unión Europea acordó imponer un impuesto europeo, o “contribución solidaria” sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por actividades en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías. La recaudación de dichos impuestos serviría para reducir el coste de la energía de los hogares vulnerables de una “manera no selectiva y transparente apoyando a todos los consumidores finales”.
Dado que la regulación europea permitía a los estados miembros aplicar la contribución solidaría o, una medida nacional equivalente, sobre los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y/o 2023 por la industria de combustibles fósiles, España optó por implementar su propio impuesto.
En diciembre de 2022, España adoptó un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de los operadores principales de electricidad, gas natural, carburantes y gases licuados del petróleo. Sin embargo, el impuesto difiere drásticamente del impuesto europeo.
En primer lugar, España utiliza la cifra de negocios como base imponible en lugar de los beneficios. Se aplica una tasa del 1,2% del importe neto de la cifra de negocios derivada de las citadas actividades desatolladas en España. Esto implica que la base imponible no está diseñada para gravar la rentabilidad, ya sea ésta el resultado de beneficios extraordinarios o no. En cambio, se asemeja más a un impuesto sobre el consumo.
En segundo lugar, el impuesto solo se aplica sobre operadores cuyo importe neto de la cifra de negocios superara 1.000 millones de euros en 2019.
En tercer lugar, el impuesto se aplica durante los años fiscales 2023 y 2024, mientras que la regulación europea impuso un impuesto temporal que no se prolongaría más allá de 2023.
Por lo tanto, el impuesto nacional está lejos de ajustarse a los requisitos del ordenamiento de la UE tanto en cuanto al diseño de la base imponible como, a su naturaleza temporal.
Tras la aprobación del impuesto europeo sobre beneficios extraordinarios, el gobierno español se comprometió a ajustar el impuesto nacional al diseño europeo. Sin embargo, no se introdujo ninguna enmienda. Dado que el gobierno se negó a modificar la base imponible para que el impuesto gravara los beneficios extraordinarios, y no la cifra de negocios, las eléctricas recurrieron el impuesto ante la Audiencia Nacional por su ser “discriminatorio e injustificado”. Las empresas españolas recalcaron que estarían dispuestas a pagar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios del gas, pero no sobre los ingresos del conjunto de sus actividades.
En un informe de 2023, la Comisión Europea propuso poner fin a estos impuestos ya que la “implementación tan dispar de estas medidas en los estados miembros generó incertidumbre entre los inversores”. Aunque la regulación de la UE establece claramente que este tipo de tributos sobre los beneficios extraordinarios tienen que ser una medida de carácter temporal y cuya “duración debe estar vinculada a una situación de crisis específica,” España anunció en 2023 (a través de un acuerdo del gobierno de coalición) que preveía hacer permanentes los dos impuestos sobre los beneficios extraordinarios (tanto el del sector energético, como el de la banca). Una de los mayores petroleras de España incluso estuvo considerando reubicar sus inversiones en hidrógeno verde y criticó la medida por crear un entorno incierto para las inversiones.
El 3 de diciembre de 2023, el gobierno volvió a anunciar que planeaba revisar el impuesto sobre beneficios extraordinarios del sector energético durante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Pero los presupuestos para 2024, ni el tan siquiera fueron presentados. A finales de diciembre de 2023 el gravamen se prorrogó hasta 2024.
Estos impuestos desincentivan la producción de energía de fuentes no renovables, pero también están privando de capital a las empresas que invierten en energías renovables. Además, aparte de reducir la inversión, los impuestos sobre los beneficios extraordinarios pueden acelerar el declive de la producción nacional de petróleo y gas, poniendo el peligro la seguridad energética del país.
Aunque el gravamen de las empresas energéticas recaudó solo 1.200 millones de euros en 2024, cifra muy similar a la de 2023, el gobierno español anunció que apoyaría con 800 millones de euros de los fondos europeos, a las empresas españolas para desarrollar plantas de hidrógeno verde. Tras largos procedimientos de solicitud y cumplimiento con todos los requisitos para acceder a los fondos europeos, las empresas españolas podrían recuperar hasta un tercio del total pagado en impuestos extraordinarios (entre 2023 y 2024) e invertirlo en los proyectos de energía verde que se paralizaron por el impuesto sobre beneficios extraordinarios.
Un impuesto extraordinario sobre tu hipoteca
En España, el impuesto sobre beneficios extraordinarios también abarca el sector bancario. El gravamen utiliza como base imponible los ingresos por margen de intereses y comisiones netas de los bancos (si los ingresos netos de estos conceptos superaron los 800 millones de euros en 2019). El tipo impositivo vigente es del 4,8%, aplicable para los años 2023 y 2024.
Al igual que para el sector energético, este impuesto no está diseñado para gravar la rentabilidad (extraordinaria o no).
El impuesto sobre el sector bancario puede aumentar los tipos de interés de los préstamos, y reducir la cantidad de capital disponible, restringiendo la capacidad de los bancos para responder ante una posible crisis financiera. En caso de recesión, un aumento en los impagos de préstamos afectaría negativamente los beneficios bancarios. El Banco Central Europeo (BCE) se opuso al impuesto a la banca advirtiendo que podría reducir la oferta de préstamos y la resiliencia de los bancos en un escenario de desaceleración económica.
Los bancos españoles también se han vuelto reacios a comprar y aumentar su exposición a la deuda pública española.
Mantener o hacer permanente este impuesto, tal como anunció recientemente el gobierno, subiría los tipos de interés, castigaría aún más a los bancos no rentables, distorsionaría la competencia en el sector bancario, aumentaría los litigios y castigaría ciertos sectores por el mal diseño su base imponible.
En lugar de seguir con políticas arbitrarias y temporales que debilitan sectores clave para la economía española y que ponen en peligro los proyectos de inversión, los policy-makers deberían implementar reformas fiscales a largo plazo que incentiven el crecimiento, estimulen la actividad económica, fortalezcan el sector financiero e incentiven la diversificación energética apoyando a través de la amortización instantánea la inversión privada.
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